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Ciudad De México, 11 de junio de 2026.- La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas mantiene una disputa legal contra la FIFA y el Grupo Ollamani por las condiciones impuestas a los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte durante el Mundial, así como por modificaciones al reglamento que, afirman, afectan derechos adquiridos por varias décadas.
Roberto Ruano, representante de la asociación, explicó que existe una controversia por el cumplimiento de resoluciones judiciales y por cambios que alteran las condiciones bajo las cuales adquirieron sus espacios. Los titulares cuentan con derechos vinculados a la propiedad, entre ellos la posibilidad de vender, rentar o ceder los títulos, así como el uso de cajones de estacionamiento y el ingreso de alimentos y bebidas.
Según Ruano, durante el proceso de prerregistro para asistir a los partidos del Mundial, los propietarios debieron aceptar un reglamento cuyo contenido completo no estaba disponible en ese momento. “Todos de buena fe firmamos, y cuando terminamos a las dos semanas, misteriosamente ese link apareció y es el nuevo reglamento que afecta nuestros derechos por los siguientes 39, 40 años que queda de vigencia de nuestros contratos”, señaló.
La controversia se encuentra actualmente en los tribunales, donde un grupo de propietarios obtuvo medidas cautelares para garantizar diversos derechos durante los eventos mundialistas. Estas medidas incluyen el acceso al estadio mediante la exhibición de los títulos de propiedad, sin necesidad de boleto, en casos donde los dueños no pudieron completar el prerregistro o no tuvieron conocimiento de éste, así como el acceso vehicular y la posibilidad de ingresar alimentos y bebidas.
Sin embargo, recientemente intentaron ingresar al inmueble con una orden judicial vigente, pero les fue negado el acceso. Ruano detalló que “los abogados del estadio, o de FIFA, no sabemos, ellos se dijeron, somos abogados de aquí, les negamos la entrada porque nosotros nos regimos por las leyes de FIFA, no las de México”.
Los propietarios consideran que la negativa constituye un desacato, pues sostienen que existen medidas cautelares vigentes emitidas por distintos juzgados. Ya promovieron las acciones legales correspondientes y esperan una resolución judicial.
El representante de la asociación destacó que “más del 70 por ciento de los dueños o titulares de palcos son gente de la tercera edad”. Una parte importante de los propietarios adquirió los palcos durante la década de 1960 y muchos enfrentan dificultades de movilidad.
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