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Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Transportistas y campesinos realizaron bloqueos en carreteras de al menos 12 estados de la República Mexicana, entre ellos Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Baja California y Michoacán. En la Ciudad de México, la presencia de manifestantes se registró únicamente en la carretera México-Toluca.
El Gobierno de México minimizó los resultados del bloqueo, señalando en un primer corte informativo que el paro nacional generó 11 bloqueos parciales o totales y calificando la convocatoria como de “afluencia reducida y afectaciones focalizadas”. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló en conferencia de prensa que las movilizaciones se registraron en nueve estados, con una participación aproximada de 575 personas y 161 vehículos. “Son aproximadamente 11 bloqueos al momento. Algunos ya se están retirando tras acordar reuniones para que continúen los diálogos y haya las menores afectaciones posibles”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) denunció diversas agresiones y amenazas durante las protestas en Veracruz y Tlaxcala. David Estévez, presidente de la ANTAC, señaló que fuertes despliegues de policías antimotines y tanques de agua retrasaron las protestas y provocaron la liberación del bloqueo en la autopista Córdoba-Veracruz. Al cumplirse nueve horas del bloqueo iniciado la mañana del 6 de abril en la autopista México-Toluca, los transportistas afiliados a la ANTAC comenzaron a retirar sus unidades de la caseta La Venta minutos antes de las 17:00 horas.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que productores del campo tomaron y levantaron las plumas de las casetas de peaje en cinco puntos, aunque pidió mesura en sus acciones debido al compromiso de colocar toda la cosecha de maíz. En Baja California, productores del Valle de Mexicali bloquearon la carretera Mexicali–San Luis Río Colorado para exigir precios justos y soluciones a la problemática hídrica. Horacio Gómez, delegado del Frente Nacional para el Rescate al Campo en esa entidad, stated: “Exigimos precios justos para las cosechas, una banca de desarrollo rural que nos dé una tasa de interés baja, nos apoyen en un precio, no de garantía, garantizado que se lo den al productor; tiempo indefinido”.
En Baja California Sur, camioneros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) se manifestaron en Cabo San Lucas por el incumplimiento en el pago de salarios con casi cuatro meses de retraso. Lucía Sánchez, representante de la Catem, comentó que aunque autoridades federales se comprometieron a depositar el adeudo, el problema no ha quedado resuelto. “Se dice que habían hecho una transferencia, pero se pueden decir muchas cosas. El punto es que haya acciones y la acción es que se pague en oportuno tiempo como se había quedado y no de dichos”, expresó Sánchez.
La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que de las 29 peticiones planteadas por el sector, 20 han sido atendidas en temas prioritarios como seguridad carretera y simplificación de trámites. La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, destacó que se han llevado a cabo mesas de atención con autoridades federales y la Guardia Nacional, impulsando la construcción de 10 paraderos seguros y logrando el cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en noviembre se destinaron alrededor de cuatro mil millones de pesos para apoyar a 45 mil productores nacionales por la disminución del precio del grano y aseguró que existen mesas de diálogo para atender las peticiones.
Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), rechazó los bloqueos carreteros al considerar que perjudican a los propios transportistas. “Bloqueando carreteras, lo único que estamos haciendo es afectando a nuestros mismos operadores, estar afectando a la movilidad de mercancías, estar afectando a la ciudadanía”, dijo Ramos Melo, quien citó estimaciones de pérdidas entre 450 millones y 900 millones de pesos. La Segob resaltó que la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse pues reconocen los avances alcanzados mediante el diálogo institucional.
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