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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria con una inversión de aproximadamente 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera con México, incluyendo la construcción de 370 kilómetros de una nueva barrera, mientras se reportó la muerte de un solicitante de asilo afgano bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la salida de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza. Los hechos ocurrieron entre el 13 y el 17 de marzo en diversos puntos de Estados Unidos, desde la frontera de Texas hasta Minnesota, en medio de críticas por la dureza de los operativos y preocupaciones sobre la militarización de la seguridad interior.
El proyecto de barrera, descrito como un “muro negro”, contempla la construcción de 110 kilómetros específicamente entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. El jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Gregory M. Bovino, destacó en declaraciones recogidas por medios locales que la obra es parte de un esfuerzo integral que incluye vigilancia aérea, terrestre y tecnología para “asegurar la frontera”. Sin embargo, Bovino anunció su retiro del cargo esta misma semana, sin que se hayan especificado públicamente los motivos completos de su salida.
Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre la muerte de Mohammad Nazeer Paktiawal, un solicitante de asilo afgano de 37 años, mientras se encontraba bajo custodia de ICE en una instalación de Texas. Las autoridades reportaron que el hombre comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, pero la causa oficial de muerte aún se desconoce y está bajo investigación interna. Este caso se suma a las muertes de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, durante protestas relacionadas con operativos migratorios en Minneapolis, según reportes de prensa.
En una audiencia congresional, el secretario asistente Joseph M. Humire fue cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente Trump ordene el despliegue de tropas del Comando Norte o Sur de EE.UU. para vigilar las próximas elecciones. Humire se reservó ante la decisión del mandatario, mientras que altos generales, incluidos Gregory M. Guillot y Francis L. Donovan, afirmaron que no acatarían una orden que consideraran ilegal, revelando tensiones internas sobre los límites del poder ejecutivo.
El contexto de estas medidas se enmarca en una administración que ha priorizado una agenda migratoria restrictiva, afectando directamente a la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, que se estima en cerca de 38.8 millones de personas. Las críticas desde sectores de derechos humanos y legislativos apuntan a un endurecimiento de las prácticas de detención y deportación, así como a la potencial criminalización de migrantes. La continuidad y el impacto de estas políticas dependerán de los eventos políticos internos y de la presión internacional en los próximos meses.
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