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Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia, hechos ocurridos hace 11 meses en la comunidad de La Cieneguilla, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
El 6 de abril, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó la vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución se basó en las pruebas presentadas por agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, las cuales acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada, calificando la actuación como dolosa.
Los hechos se registraron el 6 de mayo de 2025, cuando la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al percatarse de que el camino estaba bloqueado, los víctimas retornaban hacia su casa cuando, “sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo”. Se reporta que los uniformados dispararon en más de cien ocasiones contra la unidad, provocando que Leidy y Alexa murieran en el acto, mientras que una adolescente de 14 años, otra de 12 y dos adultos resultaron heridos.
En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente. Sin embargo, la familia de las niñas denunció desde entonces “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”. Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, describiendo a Sinaloa como uno de los más peligrosos del país debido a la disputa entre cárteles de la droga.
Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 elementos castrenses. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que los militares cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza, por lo que existía “una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia”, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Paralelamente a este proceso federal, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos. Ante la vinculación a proceso, el organismo defensor expresó que “la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.
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