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Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El exfuncionario quedó sujeto a proceso debido a la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal de Los Cabos y que, a pesar de no haber realizado ningún trámite, recibió un pago millonario autorizado por Sotelo.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para Alan Sotelo: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. Con este caso, la Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Óscar Leggs por haber celebrado y firmado un contrato para conseguir un crédito de 300 millones de pesos; previamente, el exalcalde Óscar Leggs Castro y el extesorero Martín Talamantes fueron los primeros dos vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso y calificó la información de errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al “pseudo periodista” Carlos Jiménez y señaló que emprenderá una demanda civil. “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”, expresó. Por su parte, Carlos Jiménez respondió a la amenaza asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso, indicando que la denuncia por daño moral es un intento de silenciarlo por evidenciar su “sucia realidad”.
Respecto al caso del exfutbolista Omar Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, su defensa solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada, por lo que seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Un juez dictó vinculación a proceso contra Bravo el pasado 4 de octubre de 2025, tras ser detenido por agentes de la Fiscalía de Jalisco.
El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos por los cuales se imputó a Omar Bravo es cuando la menor tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “Eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, detalló el defensor. Mientras la defensa de la víctima solicitaría una pena de entre 5 a 10 años, las autoridades determinan que Omar Bravo podría permanecer en prisión hasta por dos años y alcanzar hasta 20 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.
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