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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la tortura que derivó en la muerte de Carlos Dámaso López, ocurrida en abril de 2022, mientras que en la colonia Santa Fe de la misma ciudad, vecinos exigen la construcción de un hospital tras el fallecimiento de un menor por falta de atención médica.
Los agentes identificados como Juan ‘N’ y Abel ‘N’ enfrentan cargos por los delitos de tortura y violación impropia agravada con objeto, luego de que el 27 de abril de 2022 detuvieron arbitrariamente a López en un establecimiento con servicio de internet y máquinas tragamonedas ubicado sobre el bulevar Pacífico y calle del Granizo en Playas de Tijuana.
Según la investigación, los expolicías sometieron a la víctima a actos de tortura que provocaron su fallecimiento el 18 de mayo de 2022, casi tres semanas después de los hechos. El caso se encuentra ahora en etapa de instrucción dentro del sistema de justicia penal acusatorio.
Paralelamente, habitantes de la colonia Santa Fe en Tijuana realizan una colecta de firmas para exigir la construcción de un hospital en la zona, luego de que un menor perdiera la vida por falta de atención médica oportuna. Guadalupe, una vecina de la comunidad, señaló que la muerte del niño evidenció la urgente necesidad de servicios de salud en la colonia.
“Lamentablemente tuvimos que vivir la experiencia de un niño que falleció por no tener la atención a tiempo”, declaró Guadalupe, quien junto con otros residentes busca presionar a las autoridades para que atiendan esta demanda histórica de la comunidad.
Silvia González, otra habitante de Santa Fe, explicó que la recolección de firmas forma parte de un esfuerzo comunitario para que las autoridades escuchen sus demandas y prioricen la construcción del hospital que beneficiaría a miles de familias de la zona.
Estos casos ocurren en un contexto donde la diputada federal Evangelina Moreno ha señalado que las comisiones legislativas cuentan con hasta 300 mil pesos para gastos de representación, cifra que contrasta con las necesidades básicas no atendidas en comunidades como Santa Fe.
La situación en Tijuana refleja problemas estructurales tanto en materia de seguridad pública, con casos de abuso policial, como en la provisión de servicios de salud esenciales para la población, particularmente en colonias marginadas de la frontera norte.
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