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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos y contra la salud, en un acto judicial realizado el 18 de marzo de 2026 en la capital del país. La funcionaria, de 73 años de edad, enfrenta además investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, específicamente por la desaparición de material probatorio esencial para esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la información recabada, la autoridad judicial determinó que existe responsabilidad penal para Estrada tras encontrar en su posesión cartuchos y medicamentos controlados. Como consecuencia de la vinculación a proceso, la exfuncionaria fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. La juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria de estos delitos.
Paralelamente a este proceso penal, la FGR mantiene una línea de investigación centrada en la posible obstrucción de justicia cometida por Estrada durante su gestión en Guerrero. Las autoridades señalan que la exsubprocuradora habría dispuesto de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fechas críticas para la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La desaparición de dichas grabaciones representa un obstáculo significativo para la reconstrucción histórica y jurídica de los hechos ocurridos en Iguala, donde los normalistas fueron vistos por última vez. La pérdida de este material audiovisual ha sido objeto de scrutiny por parte de las familias de las víctimas y organismos de derechos humanos, quienes han exigido durante años la preservación y análisis de todas las pruebas disponibles.
El caso de Blanca María del Rocío Estrada se suma a la serie de acciones legales emprendidas por la actual administración federal para investigar a funcionarios de los gobiernos anteriores que pudieron haber participado en la corrupción, ocultamiento de pruebas o colusión con grupos delictivos relacionados con la tragedia de Ayotzinapa. La resolución judicial de este 18 de marzo marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para los estudiantes desaparecidos.
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