Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) destinada a prohibir el uso del llamado “buró laboral”, una práctica no regulada mediante la cual algunas empresas comparten información sensible sobre el historial de los trabajadores para filtrar candidatos. El dictamen, que modifica los artículos 3° y 133 de la ley, fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación final, con el objetivo de garantizar que las contrataciones se basen en méritos y capacidades, y no en antecedentes discriminatorios.
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión ordinaria, este mecanismo consiste en la recopilación de datos provenientes de centros de conciliación y tribunales laborales, donde se registra a cualquier persona que haya presentado una demanda, independientemente del resultado del proceso. Empresas privadas recopilan dicha información y la ofrecen a agencias de colocación y departamentos de recursos humanos, lo que restringe las posibilidades de trabajo por razones ajenas al perfil profesional del solicitante.
El senador morenista Saúl Monreal, promotor de la iniciativa, señaló que con esta propuesta se corrige una injusticia estructural que ha permanecido invisibilizada durante años en el mercado de trabajo mexicano. El legislador enfatizó que el trabajo no puede estar condicionado por listas negras, pues cuando una persona es vetada por haber ejercido sus derechos, se está frente a un mecanismo de discriminación y no ante un proceso de selección legítimo.
“El Buró Laboral no evalúa capacidades ni mide talentos, sanciona la defensa de derechos”, afirmó Monreal Ávila al presentar el dictamen. Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, resaltó que el Estado mexicano debe garantizar el acceso al trabajo por capacidades y méritos, protegiendo los datos personales de quienes se separan o son separados del empleo.
La reforma contempla prohibir expresamente el empleo de sistemas de registro que usen y difundan datos personales sensibles para limitar o condicionar el acceso o permanencia en el trabajo. Con esta modificación, se busca fortalecer el derecho a un trabajo digno, impulsar procesos de contratación justos y equitativos, y frenar una cultura empresarial basada en la desconfianza y el castigo hacia quienes hacen valer la normativa laboral.
En un contexto paralelo al debate legislativo, análisis periodísticos recientes han puesto el foco en otras estrategias utilizadas por el sector empresarial para evitar aumentos salariales reales, aunque estas no forman parte directa del texto de la reforma aprobada. Expertos identifican prácticas como el “salario emocional”, la exigencia de horas extra no pagadas y la ampliación de responsabilidades sin ajuste económico como mecanismos que impactan negativamente en el ingreso real de los trabajadores.
Mientras la iniciativa avanza ahora en la Cámara Baja, la discusión pública refleja una preocupación más amplia por las condiciones de contratación en el país. La prohibición del buró laboral marca un precedente para eliminar barreras ocultas en el acceso al empleo, aunque persisten retos adicionales relacionados con la precarización salarial y la evaluación objetiva del desempeño que continúan siendo objeto de escrutinio en el ámbito laboral nacional.
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