Por Monserrat Californias
En una apretada votación de 215 contra 214, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la madrugada del jueves el “One Big Beautiful Bill Act”, una ambiciosa propuesta de casi 900 páginas que, entre otros puntos, impone un impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas al extranjero por personas sin ciudadanía ni residencia permanente.
Esta medida, sin precedentes en la historia moderna del país, forma parte de un paquete fiscal más amplio impulsado por los republicanos que también contempla la extensión de recortes tributarios y una inyección millonaria al presupuesto fronterizo.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, celebró el resultado como una victoria ideológica. Rodeado de líderes republicanos, proclamó: “Hoy la Cámara ha aprobado una legislación generacional… para reducir el gasto y asegurar la frontera”. Aunque la propuesta inicial contemplaba un impuesto del 5 %, la cifra fue reducida tras intensas negociaciones con legisladores republicanos de distritos con fuerte presencia hispana, preocupados por el impacto político y diplomático de la medida.
Según el texto aprobado, el nuevo gravamen aplicará únicamente a personas que no puedan acreditar ciudadanía estadounidense ni residencia permanente, lo que incluye a migrantes con visas temporales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene 90 días para establecer las reglas de aplicación.
Se estima que la medida recaudaría hasta 12 mil millones de dólares anuales, fondos que serían destinados a la construcción de más barreras fronterizas. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que el impuesto incentivará el uso de canales informales para el envío de dinero.
El impacto económico podría ser considerable. Solo en 2024, México recibió 64 mil 700 millones de dólares en remesas, una cifra equivalente al 3.5 % de su PIB. En estados mexicanos como Michoacán, Guerrero y Chiapas, este flujo representa más del 10 % de su economía local.
Para países de Centroamérica y el Caribe, la dependencia es aún mayor, con remesas que llegan a constituir hasta un tercio del PIB. Legisladores demócratas y líderes hispanos denunciaron que el gravamen castiga directamente a familias trabajadoras que dependen de esos envíos para sobrevivir.
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