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Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores en la entidad, mientras el oficialismo solicita el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a delitos como secuestro y homicidio.
Dos de los ocho detenidos tenían 13 y 14 años de edad. Tres de ellos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, de 50 años, conductor de InDrive, a quien habrían matado de un balazo para luego trasladar su cuerpo a un terreno despoblado, incendiándolo después de videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. No obstante, esta postura centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes, sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la falta de atención temprana de salud mental.
El contexto remite a septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar ‘A Way Out’. Este inmueble, ubicado en la colonia Robledo de Mexicali, era dirigido por la activista Gabriela Ortiz, quien mediante un comodato atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Respecto a denuncias de que los menores eran obligados a hacer sus necesidades en baldes, se señaló que la realidad era que la CESPM dejó sin agua al lugar por varios días, lo que obligó a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación.
Gabriela Ortiz denunció durante muchos años abusos e intentos de corrupción por parte de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a ello, la activista fue castigada varias veces.
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