En México, existe una expresión que refleja la relación de subordinación y respeto hacia el jefe, que dice: cuando el jefe pregunta “¿Qué horas son?”, el subordinado responde “La hora que usted diga, señor”, lo que indica una actitud de sumisión y deferencia.
Este dicho cobra relevancia en situaciones como la reciente controversia protagonizada por Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quien se vio obligado a retractarse y disculparse por afirmar que México es “campeón” en la producción mundial de fentanilo, contradiciendo así el discurso oficial del gobierno.
El episodio refleja la complejidad de las relaciones de poder en el ámbito gubernamental, donde la discrepancia con la línea oficial puede tener consecuencias significativas para quienes ocupan posiciones de liderazgo. En este caso, Gallo Gutiérrez tuvo que rectificar públicamente sus declaraciones, lo que pone de relieve la presión y las restricciones que pueden enfrentar los funcionarios públicos al expresar opiniones divergentes.
La intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en este asunto subraya la importancia de mantener la coherencia y la uniformidad en el discurso gubernamental, aunque ello implique corregir o retractarse de declaraciones anteriores.
Por otro lado, la advertencia a Gallo Gutiérrez de que podrían “quitarle las plumas” si persistía en contradecir el discurso oficial, revela la presión y las consecuencias que pueden enfrentar aquellos que desafían o cuestionan la narrativa establecida por las autoridades. Esto plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y el margen de maniobra que tienen los funcionarios para expresar sus puntos de vista, incluso cuando estos difieren de la posición oficial.
El caso de Gallo Gutiérrez ilustra las complejas dinámicas de poder, lealtad y control de la información que operan en el ámbito gubernamental, donde la cohesión del discurso y la lealtad hacia el jefe son valores fundamentales que pueden influir en las decisiones y acciones de los funcionarios públicos.
Por Luis Martínez Alcántara.
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