Por Luis Martínez Alcántara
El concierto de Luis R. Conríquez en la Feria del Caballo de Texcoco terminó en caos cuando el cantante anunció que no interpretaría narcocorridos, acatando una reciente prohibición del Estado de México.
La negativa provocó la furia del público, que respondió con abucheos, gritos y lanzamiento de objetos al escenario, desencadenando una batalla campal que dejó destrozos en el palenque. Videos del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, evidenciando la magnitud del disturbio.
La medida del gobierno estatal busca evitar la apología del delito en espectáculos públicos, prohibiendo canciones que glorifiquen a líderes del crimen organizado. Esta acción se suma a esfuerzos similares en otras entidades del país para regular contenidos musicales que promuevan la violencia. La controversia ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de la música en la cultura popular.
A nivel nacional, no existe una prohibición federal de los narcocorridos; sin embargo, varios estados han implementado restricciones en espectáculos públicos.
Entidades como Chihuahua, Nayarit, Baja California y Querétaro han adoptado medidas para sancionar la interpretación de canciones que hagan apología del delito, con multas que pueden superar el millón de pesos o incluso la cancelación de eventos. Estas acciones reflejan una tendencia creciente a nivel local para controlar este tipo de contenidos.
El caso de Conríquez se suma a otros incidentes recientes que han generado polémica en torno a los narcocorridos. En Guadalajara, el grupo Los Alegres del Barranco proyectó imágenes de líderes del narcotráfico durante un concierto, lo que provocó indignación y llevó a la apertura de investigaciones por parte de las autoridades. Estos eventos han intensificado el escrutinio sobre la influencia de la música en la normalización de la violencia.
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