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Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, generó un intenso debate y reservas entre partidos de oposición y aliados, quienes cuestionaron aspectos como la fecha de la revocación de mandato y el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE). En audiencias públicas, el Partido Acción Nacional (PAN) advirtió sobre una “farsa” en el proceso de revocación y el Partido del Trabajo (PT) manifestó su respaldo, pero con reservas sobre el calendario.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó que la propuesta no ataca problemas de fondo como el dinero del narcotráfico en las campañas ni la sobrerrepresentación de Morena. “Es una farsa la revocación de mandato que se plantea”, señaló, y calificó como “torpezas vulgares” la eliminación de la paridad de género en algunos ayuntamientos. Aunque el PAN apoya el recorte progresivo del 15% al presupuesto del INE, advirtió que otros cambios podrían generar mayores costos operativos.
Por su parte, el dirigente nacional del PT, Benjamín Robles, anunció que su bancada respaldará la reforma, pero expresó reservas sobre la fecha prevista para la revocación de mandato. Prefirió que se realice en 2028 y no en 2027, para evitar riesgos a la equidad del proceso y cuestionó que sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía. Esta postura contrastó con la de la senadora del mismo partido, Geovanna Bañuelos de la Torre, quien aseguró que votará a favor del Plan B sin condiciones.
El debate también se centró en la autonomía presupuestal y los salarios del INE. La propuesta establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes, un monto superior al de la propia presidenta de la República. El INE ha defendido históricamente su estructura financiera, en medio de choques con el poder Ejecutivo que se remontan al sexenio anterior.
El diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 y calificó como un retroceso democrático la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación. La reforma también modifica la integración de regidurías en más de mil municipios, con aumentos en 1,089 y reducciones en 56, lo que según críticos podría alterar el equilibrio político local.
El proceso legislativo continúa en el Senado, donde Morena y sus aliados buscan aprobar la reforma. Las discrepancias al interior del PT y las críticas de la oposición reflejan los desafíos para lograr un consenso en una materia que toca aspectos sensibles de la organización electoral y los tiempos políticos rumbo a las elecciones intermedias.
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