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Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que se busca establecer un tipo penal único a nivel nacional y penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito.
La propuesta, elaborada en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, tiene como objetivo principal homologar los protocolos de investigación en todas las fiscalías del país, evitando que los vacíos legales locales permitan la impunidad en casos de violencia feminicida.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca la obligación del Ministerio Público de investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio, incorporando obligatoriamente la perspectiva de género en los protocolos de investigación desde el primer momento.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, participó en la presentación de la propuesta junto con Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres. Ambas funcionarias acompañaron a la mandataria en el anuncio de esta reforma legislativa.
La iniciativa también contempla sanciones para la tentativa de feminicidio y plantea la creación de un registro nacional de orfandad para hijos e hijas de las víctimas. Además, establece que las personas acusadas de este delito no podrán acceder a beneficios como amnistía, libertad condicionada o conmutación de penas.
El proyecto normativo busca reconocer el feminicidio no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado en materia legislativa, de procuración de justicia y políticas públicas.
La propuesta será enviada al Senado de la República para su discusión y aprobación. Con esta medida, el gobierno federal busca terminar con la disparidad de criterios judiciales entre estados y garantizar que la investigación y sanción sean contundentes en todo el territorio mexicano, independientemente de la entidad donde ocurra el crimen.
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