Hasta hoy existe un dilema jurídico sobre la demanda por supuesto daño moral que entabló Pío López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola, cuando éste exhibió públicamente dos videos en los que se observa al hermano del presidente saliente recibir un millón y medio de pesos.
El beneficiario de ese dinero alegó en su demanda que esa acción periodística le provocó “un daño moral” y por lo cual exige una reparación de 200 millones de pesos.
Para que triunfara, tendría que convencer al juez de que la difusión de dos videos donde está recibiendo el dinero en efectivo para campañas políticas de su hermano Andrés Manuel le afectó la vida y que el periodista actuó con dolo.
Pío se declaró muy contento al terminar una audiencia en el juzgado federal que lleva el caso, tras la cual le dijo a la prensa que “probó su inocencia”, de lo cual no dijo más ni mucho menos cómo le hizo para aclarar que los citados videos son mentira.
En un análisis sobre el caso, efectuado por Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, señala que las diligencias se dieron por la demanda que interpuso en 2022 por la difusión de los videos dos años antes. Ni era el juicio, ni era el lugar para que respondiera sobre el destino del dinero que le dieron. Tampoco era el acusado, sino el acusador, precisa el periodista.
Loret dijo que Pío admitió que sí era quien aparecía en los videos y que sí recibió el dinero que publicó, lo que tiene sólo relevancia para el periodista, que con ello demuestra que lo difundido era cierto. Esa declaración tiene gran trascendencia y enormes alas para volar, en perjuicio del hermano del Presidente.
Si este país fuera de leyes, Loret y Latinus, el medio para el cual trabaja, tendrían que estar tranquilos, porque el fallo casi en automático tendría que salir a su favor.
Esto es porque el daño moral no aplica. Por ejemplo, la denuncia del PAN y el PRI ante la Fiscalía de Delitos Electorales no procedió porque no se pudo documentar que el millón y medio de pesos que recibió Pío en un restaurante fueran para financiar las campañas de López Obrador.
Sin embargo, si este país fuera de leyes, dice Riva Palacio, Pío debería ir a la cárcel junto con David León, quien le entregó el millón y medio de pesos en dos bolsas de papel estraza.
León, que fue el director de Protección Civil en 2015, el año en el que se realizaron los videos, era un operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el actual senador reelecto por el PVEM, quien, por razones de seguridad y para documentar que entregaba el dinero que le daban del erario con fines políticos –aunque fuera algo irregular e ilegal–, grababa de manera subrepticia las entregas de recursos, que es parte de la queja original de Pío, por haber dado a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas mediante una intervención privada.
En los videos, León no le puso una pistola en la cabeza a Pío para que recibiera el dinero, ni tampoco se apreciaba tensión en sus encuentros, sino todo lo contrario. Incluso, Pío le decía que su hermano estaba al tanto del dinero que le enviaba el hoy senador Velasco. No está claro por qué también lo incorporó en la demanda contra Loret y Latinus, salvo que lo hiciera responsable de la fuga de los videos –de la caja fuerte de una de sus oficinas– y su entrega a la prensa para hacerle daño a él y a su hermano.
Lo que sí se dio –de ahí lo importante de lo que mencionó Loret del testimonio de Pío–, es su reconocimiento de que recibió dinero en efectivo de procedencia desconocida, que pudiera entrar en la comisión de delito contemplada en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que tiene penas de cinco a 15 años de prisión y multas equivalentes de mil a 5 mil días de salario mínimo.
El presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se persiguió porque nunca se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la República, ni ésta abrió una carpeta de investigación de oficio, que se circunscribió al campo electoral. Sin embargo, la prescripción del delito es de 10 años, por lo que todavía hay tiempo para proceder judicialmente.
Es ingenuo pensar que el fiscal Alejandro Gertz Manero actuará conforme a derecho, y desde que se dieron a conocer los videos, se ha buscado encubrir cualquier delito en el que pudiera haber incurrido Pío. Eso es lo que sucedió con una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aún bajo la dirección de Santiago Nieto, que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar el equipo de beisbol en Palenque, Chiapas, y sostener económicamente a su hijo, que estudiaba en Canadá.
La UIF también descubrió que su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante tres años, lo que generó inconsistencias en el SAT, que tampoco aclaró. Esa investigación no encontró transferencias a Pío, que todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo de procedencia sospechosa. Pese a las redes de vínculos y la información existente sobre sus movimientos financieros, Nieto cerró la investigación y lo exoneró.
López Obrador, quien sostiene que esa demanda “es una pérdida de tiempo” porque Loret, al que volvió a difamar, estaba protegido por los jueces, a quienes volvió a insultar, pero su hermano pío puede ser llamado a declarar para que diga qué destino tuvo el dinero que recibió, lo que también podría servir para denunciarlo en otro tribunal por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
Pero esto tampoco sucederá, porque en este país la ley es laxa y discrecional y esta demanda por presunto daño moral de Pío López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola, lo más seguro será que no prosperará jurídicamente y todo quedará en el limbo de las suspicacias, adelanta el periodista Raymundo Riva Palacio.
Nota de Abel López Jiménez.
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