Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para discutir el 9 de abril de 2026 un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, cuyo objetivo es validar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tenga facultades para ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. Esta iniciativa surge tras la negativa de un amparo a la empresa Total Play.
La propuesta del ministro consiste en confirmar la sentencia emitida el 31 de enero de 2025 por el juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la cual negó el amparo solicitado por Total Play. En dicha resolución, el juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, citando las jurisprudencias 25/2007 y 26/2007, donde la Corte estableció que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”.
El caso tiene su origen el 25 de julio de 2024, cuando diversas empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos portales web y solicitaron su bloqueo. Tras admitir el trámite en agosto de 2024 y decretar una medida provisional en septiembre, el instituto ordenó en octubre a proveedores de Internet, incluyendo a Total Play, bloquear los sitios debido al incumplimiento. En noviembre de 2024, la empresa promovió un amparo argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y constituye una medida desproporcionada.
De aprobarse el proyecto, la SCJN confirmaría la negativa del amparo y validaría la constitucionalidad de la norma impugnada, regresando el asunto al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes. El mismo día 9 de abril está programada la discusión de otro proyecto que propone un revés al empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por otra parte, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó el 25 de marzo de 2026 una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas a la SCJN. La petición, dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, exige a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo. La entrega fue realizada por representantes como Daniel García Rodríguez, Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta.
Daniel García Rodríguez, quien estuvo sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, declaró: “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”. El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la Corte en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), donde el Estado mexicano fue condenado por el uso de esta figura y el arraigo.
En temas administrativos, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional para las regiones Ciudad de México uno y dos. Celia Maya García, magistrada presidenta del TDJ, señaló que “la disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”. Esta nueva unidad tendrá competencia en juzgados y tribunales de la capital, así como en Querétaro y Tlaxcala, sumándose a las visitadurías ya operativas en las regiones Pacífico y Oaxaca.
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