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Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- Familiares de las profesoras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez exigieron que Osmar “N”, el estudiante de 15 años acusado de asesinarlas el pasado martes en la Preparatoria Antón Makarenko, sea juzgado como adulto y no bajo la legislación para adolescentes. La demanda de justicia se da en vísperas de la audiencia inicial programada para este jueves, donde un juez especializado determinará la situación legal del menor, quien permanece internado en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia.
Francisco Delgado Madrigal, esposo de una de las víctimas, señaló que aunque el responsable es menor de edad, las autoridades deben intervenir para garantizar una sentencia justa ante la gravedad de los hechos, los cuales fueron descritos por la Fiscalía General de Michoacán como un ataque directo y planeado. Por su parte, hermanos de Tatiana Madrigal pidieron que se aplique la pena máxima posible, rechazando que el caso se procese únicamente bajo el Código de Justicia Especializada para Adolescentes, el cual contempla sanciones de internamiento menores a las de un adulto.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que el Ministerio Público buscará imputar al adolescente tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo. El funcionario destacó que el rifle AR-15 utilizado en el crimen es ilegal, carece de registro y ingresó al país de manera clandestina, aunque el agresor ha sostenido versiones contradictorias sobre la propiedad del arma, vinculándola inicialmente con un familiar miembro de la Marina, dato que las autoridades continúan verificando.
En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el homicidio doble como un hecho muy doloroso y advirtió que existen indicios de que el ataque fue premeditado y que las docentes eran el objetivo específico del agresor. Respecto al marco legal, la mandataria afirmó que el tema de juzgar a menores de edad como adultos cuando cometen delitos graves es una discusión necesaria que debe abrirse y debatirse en el país, sin anticipar una postura definitiva sobre la reforma legislativa.
Las investigaciones señalan que el estudiante había publicado contenido en redes sociales donde se identificaba con subculturas misóginas, lo que ha generado alarma en la comunidad educativa y social. Sin embargo, las autoridades han indicado que aún faltan elementos concluyentes para determinar la motivación exacta y el origen preciso del armamento, por lo que el proceso judicial se centrará en esclarecer estos puntos durante las próximas audiencias.
Mientras se define el futuro jurídico del acusado, la Secretaría de Educación Pública expresó sus condolencias y reiteró el compromiso de trabajar en entornos escolares seguros. El caso ha reavivado el debate nacional sobre la eficacia del sistema de justicia para adolescentes frente a crímenes de alto impacto, así como sobre los mecanismos de prevención de violencia de género en escuelas de educación media superior.
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