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Ciudad de Mexico, 26 de marzo de 2026.- Noelia Castillo Ramos, de 25 años, recibió la muerte asistida este jueves en Sant Pere de Ribes, poniendo fin a un proceso judicial de casi dos años marcado por la oposición de su padre y el respaldo de organizaciones religiosas. La decisión se ejecutó tras agotar las vías legales ordinarias y contar con el fallo definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que resolvió a favor de la solicitud de la joven.
Castillo Ramos había quedado parapléjica como consecuencia de un intento de suicidio posterior a una agresión sexual grupal sufrida en 2022, mientras se encontraba bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó inicialmente su petición de eutanasia para el 18 de julio de 2024, pero la interposición de recursos por parte de su progenitor, asesorado por la organización Abogados Cristianos, suspendió el procedimiento hasta la resolución europea de este año.
El caso trascendió fronteras y generó reacciones en redes sociales de figuras internacionales, incluyendo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se pronunció sobre la situación. La controversia también envolvió dinámicas familiares complejas; según relatos atribuidos a la propia Noelia en entrevistas previas, su padre le habría manifestado frases como “Ya has ganado, muy bien” y “Para mí ya estás muerta” durante el conflicto legal, aunque las fuentes no detallan si estas declaraciones fueron emitidas directamente a la prensa o relatadas exclusivamente por la joven.
La ejecución del protocolo de muerte asistida cierra un capítulo jurídico que enfrentó el derecho a la autonomía del paciente contra las objeciones familiares y religiosas. A diferencia de la fecha programada originalmente en 2024, la intervención se concretó en marzo de 2026, una vez que los tribunales determinaron que no existían impedimentos legales adicionales para proceder con la voluntad expresada por Castillo Ramos.
Este evento subraya las implicaciones de la ley de eutanasia en España y los mecanismos de protección internacional cuando las disputas locales se extienden por periodos prolongados. La joven permaneció bajo custodia estatal desde su infancia, lo que añadió capas de complejidad institucional al debate sobre quién tiene la potestad final para decidir sobre su vida ante la ausencia de consenso familiar.
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