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Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Parlamento Europeo aprobó este jueves un nuevo Reglamento de Retornos que endurece significativamente las políticas migratorias del bloque, estableciendo medidas como la detención administrativa de hasta 24 meses y la imposición de sanciones penales, incluida la cárcel, para los migrantes que se nieguen a colaborar activamente en su proceso de deportación.
La votación, realizada en la sede del legislativo comunitario, arrojó un resultado de 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Con esta aprobación, la normativa avanza en su proceso de implementación para regular de manera más estricta el procedimiento de retorno de personas en situación irregular dentro de la Unión Europea.
Entre las disposiciones más severas del nuevo reglamento destaca la obligación impuesta a los migrantes de cooperar activamente con las autoridades durante todo el trámite de expulsión. El incumplimiento de este mandato podrá derivar en consecuencias jurídicas graves, trascendiendo el ámbito administrativo para convertirse en un delito penal castigado con privación de la libertad.
Asimismo, el texto contempla el retiro de prestaciones sociales como mecanismo de presión para aquellos individuos que rechacen su deportación, así como una prohibición explícita para ejercer actividades laborales mientras se encuentren bajo estos procedimientos. Estas medidas buscan acelerar los tiempos de salida del territorio europeo y disuadir la permanencia ilegal.
La información sobre la aprobación fue difundida desde México por medios digitales locales, quienes reportaron los detalles de la sesión parlamentaria y el alcance de las nuevas facultades que tendrán los estados miembros para ejecutar retornos forzosos. La norma representa un giro considerable en el enfoque de gestión migratoria de la región, priorizando la eficacia de las expulsiones sobre otros criterios humanitarios previos.
Con el respaldo obtenido en el pleno, el Reglamento de Retornos queda listo para las siguientes etapas formales de su entrada en vigor, marcando un precedente en la legislación comunitaria respecto al tratamiento jurídico de la migración irregular y las facultades coercitivas de los gobiernos nacionales frente a la negativa de retorno voluntario.
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