Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. Ante el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril, mientras organizaciones políticas criticaron la medida por considerar que vulnera derechos constitucionales.
Sheinbaum señaló que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero, afirmando que la medida se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado y no con fines de persecución política, según explicó el titular del organismo, Omar Reyes Colmenares. La mandataria reveló que desde octubre de 2024, inicio de su administración, la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones ilícitas.
“La UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia”, aseguró Sheinbaum. La presidenta sostuvo que ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley y comparó la medida con prácticas similares en Estados Unidos, donde también se realiza el bloqueo de cuentas sin orden judicial.
Respecto a los mecanismos de defensa, Sheinbaum explicó que si la UIF inmoviliza una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, cuyo proceso tarda máximo seis meses. “Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo”, dijo la presidenta, quien añadió que anteriormente los amparos permitían retirar el dinero de inmediato, dejando sin efecto las investigaciones.
Con el nuevo fallo, las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, la cual deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Por su parte, la organización política Somos México señaló a la SCJN y a la UIF de violentar la Constitución al congelar cuentas bancarias sin mandato judicial. La agrupación indicó que el bloqueo procederá solo con que haya indicios de una operación financiera irregular, lo que deja “en total indefensión a la ciudadanía”. Somos México afirmó que la SCJN, cuyos integrantes fueron electos mediante una reforma judicial cuestionada por la organización, entregó al Poder Ejecutivo la decisión de bloquear cuentas, dado que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La polémica se produce en medio de presiones internacionales, tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por estar presuntamente involucrados en el dinero del tráfico de opioides. Sheinbaum recalcó que el gobierno combate a la delincuencia organizada siguiendo la ruta del dinero y que la resolución de la Corte busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano para atender este asunto.
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